Por. Massimo Scattarreggia, Design Solutions Feher Consulting
Feher Consulting, Enero 2026
Considerando la psicología, la visión y la estrategia negociadora de Trump y, además, los intereses nacionales de Estados Unidos — que hemos analizado en artículos anteriores —, tratamos de prever cuáles podrían ser las próximas iniciativas destructivas de la segunda administración de Trump y de analizar sus posibles consecuencias tanto en el plano interno como en el internacional. Hemos identificado cinco políticas que la nueva administración podría implementar o ya está implementando.
La primera podría ser la reducción del gasto público mediante recortes en los programas asistenciales y en el personal del Estado federal. Esto implica recortar o reformar programas como Social Security, Medicare, Medicaid y los programas de welfare, ya que representan una parte relevante del presupuesto federal. Y, al mismo tiempo, implica recortar el gasto en Defensa. El presupuesto del Pentágono es, de hecho, el mayor con diferencia. Una
reducción de los programas de bienestar y de los compromisos militares en el exterior — incluida la reducción de la ayuda militar a los aliados — liberaría sin duda recursos financieros y contribuiría a reducir el enorme déficit público.
Gran parte de estas medidas, sin embargo, sería políticamente difícil aplicarlas debido a la probable oposición del Congreso o bien sería altamente impopular hasta el punto de haber sido excluidas del programa electoral. No obstante, probablemente sea el camino que la administración emprenderá. El recorte, ya en marcha, del gasto discrecional, que implica reducir la financiación de los programas no militares, como educación, infraestructuras, etc., no permite ahorros suficientes. Incluso las purgas actuales, implementadas por el DOGE para reducir la burocracia mediante recortes agresivos a las agencias federales, que deberían reducir salarios y eliminar ineficiencias, han demostrado que no se pueden lograr resultados relevantes. Al menos, eso muestran las cifras reportadas por el New York Times, aunque no las declaradas por Elon Musk.
La segunda iniciativa podría consistir en aumentar los ingresos, reduciendo al mismo tiempo la base imponible y los tipos del impuesto sobre la renta. Aumentar — como ya se está haciendo — los aranceles sobre las mercancías importadas puede, en parte, generar ingresos, pero también puede subir los precios para los consumidores, reducir su poder adquisitivo e incrementar la inflación. Podría, además, provocar represalias comerciales, dañar el crecimiento económico y — al deprimir el consumo interno, que constituye más del 70 % de la economía estadounidense — incluso provocar una recesión. Podría, por último, generar mayores déficits, ya que para sustituir los ingresos derivados de los recortes fiscales propuestos se necesitarían aranceles mucho mayores a los anunciados.
La tercera iniciativa podría consistir en influir en la Reserva Federal para reducir los tipos de interés. Trump ha sido fuertemente crítico con la Reserva Federal cuando ésta ha aumentado los tipos de interés. Si ejerciera presión sobre la Fed — ya ha hecho declaraciones al respecto — o nombrara funcionarios alineados con sus ideas, podría imponer tipos más bajos. Sin embargo, los tipos de interés bajos no reducen directamente la deuda, sino solo el coste del endeudamiento, y Estados Unidos tiene un saldo presupuestario primario en rojo. Además, si los tipos se mantienen bajos mientras la deuda continúa creciendo, podría aumentar la inflación, debilitar el dólar y, potencialmente, llevar a un período de estanflación, si no a una recesión, escenario que la propia administración no excluye.
La cuarta iniciativa podría consistir en presionar a los Estados extranjeros para refinanciar la deuda de Estados Unidos a largo plazo y, además, congelar el capital y los pagos de intereses a los Estados hostiles. La idea es reestructurar la deuda nacional ejerciendo presión sobre los acreedores extranjeros, como China, Japón y otros grandes tenedores de deuda pública estadounidense, para retrasar los vencimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., transformando, de hecho, la deuda a corto plazo en deuda a largo plazo. Incluso, proceder a la suspensión de los pagos de intereses o, en algunos casos, al incumplimiento de la deuda de países considerados hostiles a Estados Unidos, entre los que podría incluirse China. En el primer caso, se reduciría la presión por reembolsos inmediatos, pero no se resolvería el problema, ya que la deuda a largo plazo conlleva intereses más altos que la de corto plazo. En el segundo caso, se producirían problemas de viabilidad y credibilidad para todo el sistema del dólar y, además, el riesgo de represalias graves e incluso de un colapso del sistema financiero global.
La quinta iniciativa será, casi con certeza, la promoción del crecimiento económico según las teorías neoliberales. Trump cree que la desregulación, los tipos de interés bajos y un dólar débil podrían estimular el crecimiento económico. Si tuviera razón, el crecimiento del PIB podría superar al de la deuda. Y si la economía crece más rápido que la deuda nacional, la relación deuda/PIB disminuye con el tiempo.
El repatriado de unidades productivas y capital — que sólo podrá ser modesto y que ya está respaldado por Trump — podría generar un aumento de ingresos a corto plazo, al igual que lo haría el aumento de la producción energética interna — la extracción de petróleo y gas —, abaratando además los costes energéticos. Pero que la desregulación, los tipos de interés bajos, un dólar débil, el reshoring y la política “drill, baby, drill” vayan a estimular el crecimiento está por demostrarse, y el resultado de la política económica de Trump en su conjunto podría no ser una expansión sino, como hemos visto, estanflación o incluso recesión.
Analicemos, pues, qué podría ocurrir en el frente interno si Trump impusiera los citados recortes significativos en Social Security, Medicare, Medicaid y los programas de bienestar, y estos se combinarán — sobre todo por la introducción de tarifas proteccionistas — con un aumento de la inflación y una recesión económica. Estados Unidos afrontaría una crisis social sin precedentes, con protestas masivas, choques institucionales y una creciente inestabilidad política.
Los primeros efectos directos sobre los ciudadanos podrían ser la pobreza, el desempleo y la desesperación. El recorte de los programas sociales, junto con una economía en recesión, tendría, de hecho, un impacto devastador en millones de estadounidenses. Se podría llegar al colapso del sistema sanitario y a un aumento de la mortalidad como consecuencia de millones de personas sin acceso a la asistencia médica. El incremento de los fallecimientos debería deberse principalmente a enfermedades tratables y sobredosis, debido al agravamiento de la crisis de los opiáceos. No olvidemos que el 29 % de la población estadounidense ya se considera clínicamente deprimida y que los opiáceos y el fentanilo han provocado decenas de miles de muertes.
Los recortes a Social Security dejarían, además, a millones de ancianos sin ingresos, con un aumento de personas sin hogar y de la desesperación colectiva. Los más afectados serían las clases trabajadoras blancas, la comunidad afroamericana y los hispanos. Por último, la difusión de la pobreza provocaría un auge de la criminalidad. El aumento de hurtos, robos y pandillas sería especialmente explosivo en las áreas urbanas. También cabría la posibilidad de un retorno de tensiones raciales y de clase, con protestas similares a las de 2020.
Otro factor importante sería un repunte de las quiebras empresariales y del desempleo. Una recesión combinada con recortes en el bienestar social reduciría drásticamente el gasto de los consumidores, lo que llevaría a la quiebra de muchas empresas. Las industrias más afectadas serían el comercio minorista, la restauración, la construcción y la sanidad. Las posibles oleadas de despidos masivos en estos sectores provocarían tasas de desempleo excepcionales en Estados Unidos. Todo esto conduciría a reacciones sociales, como protestas — incluso violentas — , rebeliones y choques de clases. En primer lugar, asistiríamos a manifestaciones masivas. Sindicatos y trabajadores podrían organizar huelgas nacionales contra los recortes en los programas sociales. Las protestas masivas se llevarían a cabo en las grandes ciudades, con riesgo de violencias, choques con la policía, ocupaciones de edificios públicos, bloqueos de carreteras y desórdenes similares a los del movimiento Occupy Wall Street.
La respuesta del Estado federal a los disturbios callejeros podría generar conflictos entre los estados democráticos y el gobierno federal. Los estados progresistas como California, Nueva York e Illinois podrían desafiar abiertamente las políticas de la administración Trump, generando rupturas entre el gobierno federal y los gobiernos locales. Podrían surgir iniciativas autónomas para garantizar el bienestar, lo que aumentaría la polarización política entre Estados rojos y azules. Se multiplicaría el riesgo de una fractura institucional sin precedentes en la historia moderna estadounidense. Por último, se asistiría a un crecimiento de los movimientos extremistas y a una ulterior polarización de la política estadounidense. La izquierda progresista podría radicalizarse, con un aumento del apoyo a movimientos socialistas o anarquistas. Al mismo tiempo, grupos de extrema derecha y milicias armadas podrían responder con ataques contra los manifestantes y con violencia urbana. Tampoco pueden excluirse atentados terroristas internos ni insurrecciones, como el ocurrido en el Capitolio el 6 de enero de 2021.
La inestabilidad política, la polarización extrema y la crisis institucional podrían derivar en una crisis de gobierno. Si la situación degenerara en protestas violentas, parte de los republicanos moderados podría darle la espalda a Trump. El Congreso podría iniciar investigaciones o intentos de impeachment, aunque resulten difíciles de llevar a cabo con un Senadocontrolado por los republicanos. Se abriría así el espacio para un giro autoritario y la represión de la disidencia. Trump podría reaccionar con medidas represivas, como leyes anti-protesta, el empleo de la Guardia Nacional y la limitación de las libertades civiles. Podría declarar el estado de emergencia, lo que le otorgaría poderes extraordinarios, similares a los vistos durante la Ley Patriota después del 11 de septiembre. Podría utilizar el FBI y el Departamento de Justicia para perseguir a opositores políticos, como demócratas, periodistas y activistas. Sobre todo, si la inestabilidad social se prolongara hasta las elecciones de 2028, podríamos asistir a nuevas oleadas de violencia política o posibles intentos de un golpe de Estado “blando”, mediante la manipulación del sistema electoral o la anulación de resultados desfavorables.
Entre los efectos económicos a señalar se encuentra el de la fuga de capitales. Una combinación de recesión e inflación alta llevaría a un largo período de sufrimiento económico. Los inversores perderían la confianza en la economía estadounidense, lo que provocaría el derrumbe del mercado bursátil. El éxodo de empresas y la fuga de capitales serían solo el siguiente paso. Muchas multinacionales podrían trasladar su sede de EE.UU. Los estados más ricos — como California y Nueva York — podrían estudiar planes para protegerse de forma autónoma de la crisis. Serían incluso imaginables aumentos de las tensiones separatistas internas, con estados que podrían explorar formas de autonomía económica, si no de secesión directa. El aumento de la deuda federal sería otra nefasta consecuencia. Paradójicamente, los recortes al bienestar podrían no conllevar un ahorro real, porque aumentarían las ayudas necesarias a los sectores en dificultad, los costes de policía, de sanidad de emergencia y de la gestión de las crisis sociales. La desconfianza podría, además, hacer caer el dólar, con repercusiones a nivel global.
A nivel internacional, esto también implicaría la erosión de la ya declinante hegemonía de EE.UU. Si Estados Unidos entrara en un período prolongado de caos, podría perder su estatus de superpotencia global. China y Rusia podrían aprovechar para ampliar su influencia al presentar a América como una nación en declive. Los aliados occidentales podrían reducir su dependencia, lo que aceleraría la fragmentación del bloque occidental. Podemos decir que si Trump impusiera recortes al welfare mientras la economía está en recesión y la inflación es alta, se perfilaría el riesgo de un colapso social y de una crisis del orden mundial. Este escenario podría ser la mayor prueba de la democracia estadounidense desde la Guerra Civil del siglo XIX.